Por censura se entiende la acción que ejercen funcionarios del gobierno para suprimir informaciones y opiniones en los medios de comunicación. En la dictadura de Pérez Jiménez operó una oficina permanente responsable de esas funciones. Desde 1958 han sido circunstanciales.
La hubo con Betancourt en noviembre de 1960. Se recuerda, y se olvida, la que el gobierno de Pérez impuso en 1992, para lo cual utilizó personajes como el hoy diputado Pedro Pablo Alcántara, que hizo de censor en algunos diarios. La Constitución de 1999 prohibe expresamente, incluso en situaciones de emergencia, suspender la garantía de informar y opinar. Difícil encontrar otra Constitución en elmundo con una disposición como ésa. Cabría invitar a la SIP y a todos quienes hablan de atentados a la libertad de prensa en Venezuela, que muestren una sola noticia que no se haya difundidocomo efecto de la acción gubernamental desde 1999.
La autocensura es la limitación que los propios medios establecen. En gobiernos anteriores, era frecuente que por llamadas telefónicas, o mediante perversos mecanismoscomoel de Recadi, se les presionara para que dejaran de difundir informaciones y opiniones. La historia periodística de esos años está cargada de ejemplos. (Ver “Censura y autocensura. De Pérez Jiménez a Chávez”, ediciones Centauro, 2003). Existen otros factores que generan autocensura:
los grupos de presión económicos, empresariales, políticos, etc, e intereses políticos, como ahora es frecuente, de los dueños de los medios. Existe legislación, como la que prohibe la mención de menores involucrados en delitos, y ahora la llamada ley Resorte, que obligará a cambios de horarios de cierta programación no periodística, y a sermáscomedidos en la transmisión de noticias en horario accesible a niños y adolescentes.
Los verdaderos alcances de estas limitaciones habrá que verlos con el tiempo, según los criterios de quienes, discrecionalmente o no, aplicarán la ley.
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